J. Antonio Cantón

Las razones por las que el Gobierno del alauita rey de Marruecos, Mohammed VI, ha incitado a sus súbditos a lanzarse al agua para provocar una crisis humanitaria del lado español de la frontera, parecen estar cada vez más claras y, desde el fondo, emergen las producciones hortofrutícolas del Sáhara Occidental.

Una vez que tanto las declaraciones de la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, como del ministro marroquí de Derechos Humanos, Mustafa Ramid, han aludido a la presencia en España de Brahim Gali, jefe del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Pedro de Logroño a solicitud del Gobierno de Argelia por estar aquejado de COVID-19, como argumento para justificar la dejación de sus obligaciones fronterizas, no solo permitiendo el paso de quien deseara hacerlo sino incluso animándoles a traspasar ilegalmente la frontera, se hace necesario profundizar aún más en los motivos que mueven al Gobierno marroquí a actuar así.

Aunque algunos analistas lo califiquen de “pataleta infantil”, y aún siendo verdad que el Jefe de Estado marroquí se toma a mal cualquier contrariedad, las presiones para favorecer intereses comerciales acosando a la Unión Europea (UE) mediante una “patada en la espinilla” a España, se dejan ver detrás de todo lo ocurrido.

Marruecos está esperando con expectación la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Cour de Justice de l'Union européenne - CJUE), relativa al recurso presentado por el Frente Polisario contra la decisión del Consejo de la Unión Europea, de aplicar el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental. Ese acuerdo contiene un punto que señala que los productos originarios del Sahara occidental, sometidos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos, se benefician de las mismas preferencias comerciales acordadas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación. Es decir, que Marruecos obtendría los mismos beneficios de los productos hortofrutícolas cultivados en el Sáhara Occidental, un territorio cuya soberanía está aún pendiente de la celebración de un referéndum en ese territorio, conforme a la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) de 29 de abril de 1991.

Al margen de que los ciudadanos marroquíes se hayan jugado la vida para pasar a España en un intento de buscar un bienestar que su Gobierno no les proporciona, ese paso ilegal de frontera, bien con la ayuda o la pasividad de las autoridades de su país, es una argucia más para facilitar los intereses de las grandes empresas que producen frutas y hortalizas en los territorios del Sáhara y que, además, compiten en condiciones desiguales con las familias que cultivan esos productos en territorio europeo.

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